Partimos de la premisa que a pesar de la crisis que atraviesan las organizaciones indígenas, este sigue siendo el movimiento social más importante del país, y su centralidad es claramente identificable como eje sobre el cual orbitan otras múltiples organizaciones sociales de índole diversa. El desencuentro entre el régimen correísta y la CONAIE (principal organización del movimiento indígena) se agudizó a partir de la aprobación de la Ley de Minería, lo cual sumado al conflicto en torno a la Ley del Agua, supuso el desenlace de múltiples movilizaciones sociales en los últimos tres años.
La movilización social es un proceso de organización social que se realiza a través de formas múltiples y mecanismos varios, que busca objetivos plurales, resignificando socialmente las instituciones, los sujetos y la democracia participativa. La movilización en la práctica es la única forma efectiva de participación para diversos sectores sociales, ciudadanía y sus representaciones sociales. Sin movilización estos sectores carecen de mecanismos efectivos para intervenir en aquellos asuntos de los cuales venían siendo excluidos.
Desde esa perspectiva, para un gobierno revolucionario, propiciar condiciones para la movilización social y política de los sectores organizados de la sociedad, debería ser un objetivo institucional en la búsqueda de conformar mayores niveles de autonomía, organización y participación de la población. Lejos de esta visión, el correísmo se ha caracterizado por domesticar organizaciones sociales, anulando su capacidad de movilización, entendiendo esta como un elemento de desestabilización política.
El resurgimiento de la movilización social aparece como un elemento de presión política a la izquierda del gobierno, lo cual es una novedad en la actual etapa política ecuatoriana. Los movimientos sociales, en especial la CONAIE, han hecho una relectura del contexto político nacional, reformulando sus estrategias de intervención. Se pasa del corte de carreteras y de las acciones locales ha protagonizar movilizaciones en la capital del país, desarrollando estrategias que tienen como objetivo posicionar en el debate nacional los ejes de lucha.
La construcción de una agenda conjunta por parte de los movimientos sociales, tal como es el mandato plurinacional nacido de la Marcha por la Vida, 19 puntos que abarcan desde la oposición a la megamineria hasta el respeto al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, hace que estos actores recuperen la esencia de su rol social. Que el polo político de izquierdas que se está construyendo en torno a la Coordinadora Plurinacional entienda adecuadamente cual es el rol de los movimientos sociales, con la finalidad de no repetir errores del pasado y superar los recelos que puedan existir en estos espacios a ser nuevamente instrumentalizados por poder político, es también fundamental. Esta condición toma especial importancia en un momento político que es coincidente con un período pre-electoral.
La construcción de contrapoder es fundamental para impedir las consecuencias históricas que para el Ecuador ha constituido el uso y abuso del poder. El objetivo central del proyecto político correísta es el monopolio de la vida política, lo cual le ha llevado a pasar de la utilización instrumental de lo popular al desprecio y control sobre todo tipo de articulación social. Para Gramsci, hegemonía es una composición de dominación y dirección, lo cual significa presencia ideológica en la sociedad y el Estado, así como el control sobre la dirección económica (control de los medios de producción). Sin embargo, el correísmo confundió hegemonía con el monopolio de la vida política, si en algún momento se logró lo segundo, está lejos de construir una nueva hegemonía.
El actual momento político que se vive en el planeta ha abierto un debate acerca de la necesidad de transformar las estructuras políticas en organizaciones programáticas, realmente democráticas y no meramente en instituciones cuyo objetivo fundamental es la perpetuación en el poder como un fin en sí mismo. En ese sentido retoma actualidad, si es que alguna vez la perdió, las estructuras sociales como elementos superadores de los partidos políticos estrictamente electorales.Bajo este criterio, se puede afirmar que sin movilización social no habrá profundización y radicalización en los procesos de cambio, esto se demuestra claramente en la falta de transformaciones estructurales en el modelo de acumulación: en la actualidad, los grupos económicos poderosos nunca estuvieron mejor, y en todo caso los sectores más excluidos nunca estuvieron menos mal.
El rol de los movimientos sociales en la actualidad es constituir contrapesos ideológicos a un modelo socioeconómico que a pesar de sus logros sociales, reproduce y expande un modelo ideológico lesivo respecto al principio del Buen Vivir, los derechos de la Naturaleza y la democracia radical.
El Boom de los grupos indígenas en Ecuador:
Con la Revolución de Juliana (1925) se iniciaría una etapa que marcaría la historia ecuatoriana del siglo XXcon transformaciones en la construcción de un Estado nacional, con democracias controladas por militares o directamente con golpes de Estado hasta 1979.
Luego de años de conflictos limítrofes, en 1988, con el socialdemócrata Rodrigo Borja Cevallos, el movimiento indígena logró la distribución de 1.700.000 hectáreas a las comunidades autóctonas, el mismo gobierno que impulsó la alfabetización y la educación bilingüe. Sin embargo, en 1992 volvieron al poder los estratos socioeconómicos históricos con un gobierno conservador que iniciaría una etapa de privatizaciones y ajustes. Como corolario, Ecuador se alejó de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), en el momento de su mayor producción petrolera.
Todos esos vaivenes serían atravesados por los movimientos sociales en acciones de resistencia, de denuncia y también de propuestas, como ocurrió con el movimiento campesino en las décadas de 1950 y 1960, con los movimientos estudiantiles de los ’70, con el movimiento obrero en las décadas del ’70 y ’80; con la resistencia del movimiento indígena en los años 1990; y con una mayor movilización urbana desde entonces, como las que en 1997 llevaron al Congreso a destituir por “incapacidad mental” a un presidente (Abdalá Bucaram), y a modificar la Constitución de 1979.
Una huelga general y movilizaciones indígenas en rebeldía fueron el movimiento que eyectó a otro presidente el 21 enero de 2000 (Jamil Mahuad) por acusaciones de corrupción, por la grave crisis económica y la quiebra masiva del sistema financiero ecuatoriano –el gobierno de Mahuad había adoptado el dólar estadounidense como moneda corriente el 9 de enero– en tiempos de una brusca caída de los precios internacionales del petróleo.
Y esa caída siguió: un vicepresidente (Gustavo Noboa) que acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para fortalecer la dolarización y la construcción de un oleoducto para duplicar la exportación de crudo, principalmente a Estados Unidos; un ex coronel (Lucio Gutiérrez), que ganaría las elecciones presidenciales realizando alianzas con movimientos indígenas, para traicionarlos al asumir dirigiendo el gobierno según intereses norteamericanos (hasta que en 2005, en medio de revueltas en Quito, sería destituido por el Congreso).
Las revueltas eran protagonizadas principalmente por las clases medias, a las que tildaron de “forajidos”. Asumió su vice (Alfredo Palacio), y en las elecciones de noviembre de 2006 fue elegido Rafael Correa, que en 2007 impulsó una Asamblea Constituyente, que promulgaría la nueva Carta Magna, vigente desde octubre de 2008.
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